La historia es relativamente sencilla. El Gobierno, con el apoyo de senadores de derecha incluidos, tramitó una reforma legal que honestamente no tenía mucho sentido: que el sueldo de las personas no fuera inferior al ingreso mínimo.
Bien, dirá usted; ahora a todos les subirán el sueldo hasta el mínimo y ganaran más. No tan rápido. Al mismo tiempo, se autorizaba al empleador a rebajar unilateralmente de las remuneraciones variables, o comisiones, el monto exacto en que subió el sueldo.
¿Para qué sirve, se preguntará usted razonablemente, aumentar el sueldo al nivel del ingreso mínimo si al mismo tiempo se rebaja ese monto exacto de las comisiones? De nada. Pero no se olvide que en Chile a veces suceden cosas extrañas.
Sin embargo, el diablo o un santo, según el cristal con que se mire metió la cola. Y gracias a la concienzuda y eficaz dedicación de nuestro legisladores, se extendió en esa misma ley el derecho de semana corrida es decir, el derecho a que por el día de descanso semanal de un trabajador se le pague el promedio de lo ganado en los días trabajados de esa semana a trabajadores que antes no lo tenían, como son los trabajadores con remuneración mixta (sueldo y comisión al mismo tiempo).
Bien, dirá usted nuevamente: se trata de una norma del todo correcta y justa. Con peras y manzanas: si en la semana gano 100 por el sueldo y 100 por comisiones, entonces por el séptimo día o día de descanso, en el que no voy a trabajar y por lo tanto no voy a ganar nada, se me debe pagar un promedio de ambas remuneraciones. Eso dice la polémica ley.
El problema es que, como en la mejor película de Chaplin, todo fue un malentendido. Sí, leyó bien: un malentendido. Ni el Gobierno, que presentó el proyecto, ni los diputados y senadores, que lo debatieron por meses y que lo apoyaron, ni los reputados asesores jurídicos empresariales, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, y que, ahora sabemos, todos consideran un error: asignar un derecho laboral que pone justicia en la forma de remunerar los días de descanso a los trabajadores que tiene sueldo base y comisiones.
Ni corto ni perezosos, ahora todos se lavan las manos. Y como los patrones se enojaron, surgió un apuro fugaz y repentino: hay que eliminar ese derecho de semana corrida antes que entre en vigencia para todos los trabajadores del país, cuestión que debería ocurrir en enero de 2009.
Ahora, no todo es tan fácil en la vida. Ese derecho ya lo están recibiendo los trabajadores que celebraron contratos de trabajos después del 21 de julio de 2008, fecha en que se dictó la ley del malentendido.
Respecto de ellos, entonces, cabe preguntarse si se les pretende expropiar el derecho ya adquirido a que se les pague semana corrida.
Si la respuesta al final, tal como lo ha dado a entender la prensa por estos días, es afirmativa, entonces el Gobierno de Bachelet se anotara un triste récord: será el primer Gobierno de la Concertación que echa atrás un derecho laboral ya adquirido por los trabajadores, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido en democracia.
Esta democracia, es cierto, no ha dado demasiados pasos en adelante en materia de derechos laborales, pero hasta ahora nunca ha dado uno hacia atrás.
Lo más crudo de todo es la inédita velocidad con que se conseguiría eliminar un derecho de los trabajadores.
La rapidez y celeridad con que el sistema institucional, incluido el Gobierno, han actuado en esta materia, no debería ser motivo de una preocupación particular la eficacia es siempre bien vista, si no fuera porque muestra de modo extremadamente crudo el desequilibrio de poder e influencia en la democracia chilena: si una reforma legal es prioritaria para el empresariado, su discusión se hace en meses; si una reforma es prioritaria para los trabajadores, su discusión es de años o décadas, como ha ocurrido, por ejemplo, con los intentos por reformar el uso fraudulento del concepto de empresa que hacen las cadenas de supermercados o las tiendas del retail.
La lección que esta "ley del malentendido" nos deja es clara: la vía rápida tiene una sola dirección y ahí las leyes se arreglan en meses. ¿Y los trabajadores? A ellos les queda la maravillosa virtud de la paciencia y el proceso legislativo ordinario: diez años para la Ley de Acoso Sexual, siete años para la Ley de Subcontratación, y la vida entera para reformar el uso abusivo del concepto de empresa.
Sólo nos queda decir: como usted diga, patrón.
* Profesor de derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales.
Fuente: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081213/pags/20081213223739.html
