Al fin, políticos de la Concertación le están dando vuelta a la idea de crear una AFP Estatal, idea que por lo demás ya había sido anunciada por Tomás Hirchs en la última campaña electoral. Lo interesante de esto es que el debate se abrió y eso es lo que realmente importa.
El tema es muy relevante puesto que esta industria mueve millones de dólares y los privados no están dispuestos a perder el pedazo de torta que han venido disfrutando estos 20 últimos años, desde la creación del sistema en plena dictadura militar.
Actualmente, en el sistema existen 6 Administradoras y teóricamente se supone que debiese operar en su máximo esplendor la libre competencia, sin embargo, al parecer estaría funcionando una especie de acuerdo interno en donde las comisiones cobradas por estos verdaderos parásitos no son para nada competitivas y como no si tienen clientes cautivos que estan obligados por ley a cotizar en sus empresas.
Y que es un parásito? Es un ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo sin sudar una sóla gota. Vale la Aclaración.
Es por esto razón que el Estado debe crear una AFP, de forma análoga como existe Fonasa en el sistema de salud. Sólo de esta forma se podrá garantizar, que estos aprovechadores del sudor de los trabajadores, entren realmente a competir.
Como la torta a repartir es inmensa, la Industria previsional se ha mostrado bastante inquieta ante esta situación y no ven de buena manera que el Estado intervenga para presionar una baja en el precio de las comisiones sin considerar lo más importante como lo es la rentabilidad de los fondos. Más aún considerando que el propio Ministro del Hacienda, Andrés Velasco y el propio Mario Marcel habían descartado esa posibilidad.
La industria esta en contra no sólo por el hecho de que el estado se inmiscuirá en su negocio, sino que además, considera que habrían problemas de tipo legal puesto que está prohibido que una AFP invierta en empresas relacionadas lo que pondría límites desde el punto de vista competitivo, puesto que no podría invertir en Banco central, Ferrocarriles, Metro o cualquier empresa estatal, de la misma forma como Provida, Bansander y Cuprum no pueden invertir en BBVA, Santander y Penta, respectivamente. Esto, según analistas, afectaría considerablemente la rentabilidad de los recursos de los afiliados que contraten esa AFP.
Además, esgrimen argumentos tales como que la regulación es llevada a cabo por una Superintendencia que también es estatal, lo que generaría conflictos en materia de fiscalización, habría riesgo de competencia desleal y como consecuencia desincentivaría el ingreso de más privados, puesto que la propuesta de licitación de cartera que proponía la reforma previsional propuesta por la comisión Marcel quedaría anulada, porque una AFP estatal siempre ofrecerá los menores precios del mercado.
Antecedentes
200 grandes empresas privadas del país y unos pocos fondos de inversión externos, han recibido el 80% de los fondos de pensiones. El Estado y empresas estatales han recibido el 20% restante.
En el caso de los fondos invertidos en Chile, el 30% está en 5 grupos, y el 50% en 13 grupos. En el caso de los fondos en el exterior, el 50% está en 8 fondos de inversión. Los principales receptores son los grupos españoles, que a su vez controlan dos grandes AFP. Ponce Lerou ha recibido 450 millones de dólares, mucho más que CODELCO.
El flujo de cotizaciones previsionales crece constantemente y alcanza de sobra para pagar pensiones equivalentes a las del INP a casi todos los adultos mayores. Dicho flujo alcanza a 1.9 billones de pesos anuales (las pensiones no asistenciales del INP cuestan 1.5 billones anuales), y crece al 6% anual mientras los adultos mayores crecen al 3%. En todas partes, y en Chile hasta 1981, dicho flujo se utiliza para pagar pensiones directamente, “al tiro.”
Desde 1981, dicho flujo se ha traspasado íntegramente a los grandes emisores de instrumentos financieros que adquieren las AFP, principalmente grandes grupos como se ha mencionado, y a estas últimas empresas, y sus Cías de seguros coligadas. Todas las pensiones que han pagado las AFP y Cías de seguros se han financiado íntegramente con los bonos de reconocimiento. Entre 1990 y 2005, la suma de beneficios a los pensionados AFP alcanza a 4.46 billones de pesos, y los bonos de reconocimiento a 4.40 billones.
Si se consideran las AFP y las Cías de seguro relacionadas como un sistema, los afiliados han depositado en éste 23 billones de pesos en cotizaciones, y el Estado ha aportado 4.40 billones en bonos de reconocimiento, desde 1990 al 2005. En el mismo período, los afiliados han percibido 4.46 billones en beneficios previsionales, con lo cual su aporte neto ha sido casi igual a las cotizaciones, es decir, 23 billones de pesos. Al mismo tiempo, el fondo ha crecido de 4.2 billones en 1990, a 38 billones el 2005 (pesos 2005), un incremento de 33.6 billones.
Los haberes de los afiliados en el período (beneficios +incremento del fondo) se han financiado en un 60% por las cotizaciones, un 12% por los bonos de reconocimiento, y en un 28% por la revalorización del fondo mismo (intereses, ganancias, etc.). Sin embargo, los aportes netos de los afiliados al sistema (cotizaciones + bonos reconocimiento-beneficios), han arrojado una rentabilidad neta de 3.5% anual. En otras palabras, el sistema de AFP representa un traspaso de cuantiosos recursos desde los asalariados y el Estado (por los bonos) hacia los grandes grupos privados, a una muy baja tasa de retorno.
La pregunta que queda por responder es:
Serán éstas las verdaderas inquietudes que los mueve a estar en contra de una AFP Estatal o definitivamente les duele el bolsillo propio?
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